La Pampa ve avances en la Corte por el Atuel, pero duda de que Mendoza acepte un comité de cuenca

El vicepresidente de la Fundación Chadileuvú, Héctor Gómez, calificó de «positiva» la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reactiva el proceso judicial en el que La Pampa reclama la restitución del río Atuel. Para el dirigente, lo más relevante es la propuesta de crear la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA), aunque se mostró escéptico sobre su concreción: «Mendoza no lo va a permitir», sostuvo.

La causa, según describió Gómez, «estaba como congelada». El máximo tribunal había dispuesto hace más de seis años que Mendoza dejara correr un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo hacia territorio pampeano. Ese fallo, recordó, no se cumplió. Que la Corte vuelva a intervenir importa porque reabre la discusión sobre cómo se administra un río compartido por dos provincias.

Una comisión para toda la cuenca

La resolución, que se conoció el viernes pasado, propone que la CIRA reemplace a la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI). Gómez explicó que un comité que abarque todo el río «le permitiría tener conocimiento y manejar algunos aspectos del uso del agua en toda la cuenca». A su juicio, Mendoza no va a aceptar que La Pampa y la Nación intervengan en la gestión de las aguas en los diques.

El referente ambientalista agregó que no alcanza con formar el comité: tiene que funcionar. Comparó el caso con la CIAI, que existe pero, según dijo, se limita a reuniones técnicas sin cambios en la situación del río. «Esperemos que si se conforma la CIRA, las cosas mejoren», expresó, aunque reconoció que la Fundación es «bastante pesimista».

Las afirmaciones sobre la actitud de Mendoza corresponden a Gómez; en este caso no hay una respuesta del gobierno mendocino.

Veinte días para informar

La resolución también fijó un plazo de 20 días para que las partes informen si hubo acuerdos en el ámbito de la CIAI. Gómez lo consideró «un poco llamativo» y dijo no tener noticias de que se haya alcanzado algún consenso. Cree que el plazo obligará a la Nación, a La Pampa y, sobre todo, a Mendoza a «destrabar un poco la situación» y volver a conversar con datos técnicos.

Según Gómez, el obstáculo es la «absoluta mala voluntad» mendocina. Afirmó que esa actitud es «de siempre» porque, en su opinión, Mendoza considera al Atuel «totalmente un río mendocino, a pesar de que es un río interprovincial».

Consultado sobre qué debería hacer la Corte si Mendoza sigue sin acatar la sentencia, calificó el incumplimiento de «absolutamente insólito, ilegal y grave». Aclaró que no es abogado y recordó que el tribunal impuso en otras ocasiones multas que aumentaban por cada día de incumplimiento. «Podría ser que la Corte decida una medida de ese tipo», planteó.

Un caudal que no alcanza

Gómez describió el caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo, que debe escurrir de forma mínima y permanente en el límite interprovincial, como «provisorio». Sostuvo que, además de no cumplirse, no resuelve el daño ambiental: «Son 80 años sin río, los cauces están salinizados, invadidos por tamariscos».

Para una solución de fondo, planteó, tendría que correr un caudal mayor durante un tiempo muy prolongado. Eso permitiría que el Atuel llegara hasta la confluencia con lo que era el río Salado, a la altura de Paso de los Algarrobos, y que los humedales se recuperaran lentamente. «El daño es muy grande», concluyó.